La junta de supervisores del condado de Los Ángeles dio su aprobación final ayer una ordenanza que impondrá multas a los jóvenes que pintarrajean graffiti en estructuras públicas; al igual que a sus padres o guardianes.

La ley, que entrará en efecto en un mes, es la extensión de un programa piloto creado por la supervisora Gloria Molina en Pico Rivera y en una área no incorporada de Whittier, después de que María Hicks, de Pico Rivera, fuera asesinada cuando trató de detener a un individuo que pintaba una pared en su vecindario. Hicks tenía 58 años de edad.

Bajo la ordenanza, los "taggers", como se les conoce a los que pintan graffiti, y sus padres podrán ser demandados para recuperar los costos de reparar la propiedad manchada. •

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